Caso Avilés Marcillo: Habrá Cero Tolerancia para el Delito de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales

La ministra Coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, la ministra de Cultura, Érika Sylva, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, el fiscal General de la Nación, Washington Pesántez y la directora del Instituto Nacional de Patrimonio, Inés Pazmiño, brindaron una rueda de prensa el día miércoles 16 de junio de 2010 con el objetivo de dar detalles del caso de tráfico ilícito de bienes patrimoniales Avilés Marcillo.

La Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, conformado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores, desarrolla una serie de acciones con la finalidad de evitar que se siga traficando con la memoria social y el patrimonio de los ecuatorianos.

Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional, una parte de la justicia ecuatoriana ha actuado en contra de nuestro patrimonio y a favor de los intereses económicos de un pequeño grupo. Esto se demuestra en la ligereza con que un grupo de conjueces ha dictado sentencia en el caso Avilés Marcillo.

Durante su intervención la Ministra María Fernanda Espinosa expresó que el Gobierno ha interpuesto una acción de protección en la Corte Constitucional ante el fallo de los conjueces de la tercera sala de lo penal del Guayas,en contra del Estado Ecuatoriano. En este sentido destacó el derecho que asiste al Estado de proteger el patrimonio y resaltó que habrá cero tolerancia para el delito de tráfico ilícito de bienes patrimoniales además mencionó que existen 11 casos internacionales y 20 nacionales en proceso.

El fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, expresó que se busca emprender acciones para evitar el tráfico de bienes patrimoniales, explicó que el proceso dentro del caso Avilés Marcillo duró 4 años hasta que fue dictada la sentencia por jueces suplentes, en este sentido destacó que la Fiscalía ha acusado de prevaricato a estos magistrados y resaltó que la Comisión de Control del Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales va a velar para que se siga el debido proceso en los casos abiertos y buscará evitar que se den casos en el futuro y se siga traficando con nuestro patrimonio.

La Ministra Espinosa explicó que el caso fue presentado en el año 2006 luego que la policía internacional de Estados Unidos puso en conocimiento de las autoridades ecuatorianas la incautación de piezas arqueológicas que pretendían ser subastadas en Miami – Florida. En tal virtud se inició el proceso por el delito de tráfico, comercialización y salida fuera del país de piezas u objetos arqueológicos, tipificada en el art. 415 del código penal ecuatoriano.

En total se incautó una colección 800 piezas de las culturas: Jama Coaque, Valdivia, Manta y Chorrera. 714 piezas de cerámica, de las cuales 164 fueron recuperadas en Miami, y 125 de oro. Todas se encuentran en custodia del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

La fiscalía del Guayas se pronunció en contra del Estado, decisión que fue impugnada por el INPC consiguiendo que otro fiscal acoja la demanda y prosiga con el juicio acusatorio en una instancia superior (Corte Superior de Justicia del Guayas). En el año 2008 los impugnados interpusieron un recurso de apelación y nulidad de dicho proceso, alegando incompetencia del juez.

Este proceso permaneció dilatado por más de un año debido a falta de agilidad en los jueces y se corría el riesgo de que el juicio prescribiera en el año 2011, advirtiendo esta situación el INPC presentó una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura del Distrito Guayas.

El Caso Avilés Marcillo sufrió un grave revés cuando el 5 de abril de 2010 la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas dispone que el Consejo de la Judicatura, previo sorteo, designe 3 conjueces para que conozcan y resuelvan la causa. Una vez conformada la sala los conjueces Ab. Manuel Lucas Franco, Dr. Fausto Peralta Salas y Dr. Juan Vizueta Ronquillo, sin haber notificado a las partes la conformación de la sala, en 7 días analizaron los 32 cuerpos del caso y dictaron auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados además que dispusieron la devolución de las piezas incautadas, lo que sin duda constituye un atentado contra el patrimonio cultural de los ecuatorianos.

Hay varias consideraciones a tomar en cuenta en este caso: en primer lugar no hubo una notificación a las partes sobre la conformación de la sala; en segundo lugar existe falta de motivación en el auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados con lo que queda en duda de la actuación de los conjueces en este proceso .

El Gobierno Nacional, por intermedio de la Comisión de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, presentó el día miércoles 16 de junio de 2010 una Acción Extraordinaria de Protección con la finalidad de que no se cause perjuicios a la propiedad cultural y a los bienes del patrimonio cultural del Ecuador.

La decisión de la justicia representa un atentado a los intereses nacionales cuando se vulnera el ideal de justicia, del interés común nacional y atribuye a los órganos de la administración de justicia una acción de complicidad por omisión de las funciones y los deberes por los cuales fueron creados mientras viola los derechos Constitucionales, como: el derecho de los ecuatorianos a conocer su cultura y su patrimonio, a que estos bienes sean exhibidos en público, así como también a su difusión masiva (Art. 21), el derecho a la defensa y al debido proceso (Arts.: 75, 76 y 169).

Con la Acción Extraordinaria de Protección se espera que la Corte Constitucional revoque los autos de sobreseimiento definitivo del proceso y de los imputados y el ampliatorio al mismo y que emita una sentencia, reconociendo el derecho de propiedad del Estado al amparo de las normas constitucionales y en salvaguarda del Patrimonio Cultural , que pertenece a todos los ecuatorianos.